Ley de emprendedores

(Un artículo encontrado en el suplemento económico de El Mundo del 22 de septiembre de 2013)

La Ley de Emprendedores ya está aprobada, aunque entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), La normativa ha superado su último trámite en la Cámara Baja el jueves pasado, con el debate de las seis enmiendas que se incorporaron tras su paso por el Senado.

El objetivo de la nueva ley es animar y regular la creación de empresas en España. Al término del debate, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo especial hincapié en que la normativa busca «dar un paso más» para superar la crisis. 

Entre los beneficios que ya se anunciaron en el Anteproyecto se encuentran un ahorro de 16,9 millones de euros con la implantación de la factura electrónica, y el alivio fiscal para los más de dos millones de contribuyentes que a partir de 2014 pagarán el IVA cuando cobren la factura.

EL IVA

Los empresarios pagarán este impuesto cuando cobren la factura. Quedan excluidas de esta modalidad las operaciones acogidas a los regímenes especiales simplificados (agricultura, ganadería y pesca), el oro de inversión o los servicios prestados por vía electrónica. Esta medida está sujeto a limitaciones temporales: los empresarios deben ingresar el IVA de cada año -como muy tarde el31 de diciembre- aunque no hayan cobrado.

ATRAER TALENTO

La atracción de inversión y talento es otra de las cuestiones que aborda la nueva Ley de Emprendedores, El Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión económica significativa, a los extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral y a los profesionales altamente cualificados. 

Esta medida también busca facilitar el permiso a todas aquellas personas que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros y compras de deuda pública superiores a los dos millones de euros. Otros países como Portugal, Chile, Italia o Reino Unido ya están poniendo en marcha medidas de carácter similar para atraer inversión de una manera ordenada y disciplinada. 

CREACIÓN DE EMPRESAS

Se fomenta el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa, la internacionalización y se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la Sociedad limitada de Formación. Esta figura jurídica permitirá la creación de empresas con un capital inferior a los 3.000 euros con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada. Se crean los Puntos de Atención al Emprendedor: ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad emprendedora. 

INCENTIVOS PARA ACCIONISTAS

Se amplia de 200.000 a 400.000 euros el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los business angels para poder optar a la deducción en el IRPF. Asimismo, los particulares que aporten capital semilla a una start up se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF, con una base mínima de 20.000 euros al año.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Ley crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, a través de la cual la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales no afectará a su vivienda habitual, siempre que su valor no supere los 300.000 euros.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Nace un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años. Con esto se pretende que el empresario o emprendedor acosado por deudas empresariales o profesionales no sufra en el futuro el embargo de aquellos bienes considerados esenciales.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Esta medida pretende eliminar los obstáculos a la contratación pública. De esta manera se permite a los empresarios darse de alta en el Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Asimismo, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y servicios. En particular, en los Contratos de obras la cuantía se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros en los contratos de servicios. Para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una pyme.